Ayer, los estados y las jurisdicciones locales presentaron informes de amigos de la corte en apoyo de los demandantes en el caso de Ramos c. Nielsen, que cuestiona la terminación del estado de protección temporal (TPS) para más de 300,000 personas de El Salvador, Haití, Nicaragua. y sudán. Los titulares de TPS han vivido legalmente en los Estados Unidos durante años o décadas, pero pueden perder su estatus legal tan pronto como el 2 de noviembre sin la intervención del tribunal.

El jueves, nueve titulares de Estatus de Protección Temporal (TPS) y cinco de sus hijos ciudadanos de los EE. UU. Presentaron una solicitud de interdicto preliminar para detener las terminaciones de TPS en Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador. En su presentación ante la corte, los demandantes revelaron por primera vez documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que muestran que los sustitutos de la Administración Trump que trabajan en el Departamento de Seguridad Nacional manipularon el proceso de toma de decisiones para terminar el estado de TPS para las personas de estos países, aunque Las condiciones sobre el terreno requerían que extendieran el TPS conforme a la ley, tal como está escrito.

Diez personas con estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y cinco niños ciudadanos de los Estados Unidos que son titulares de TPS presentaron hoy una demanda contra el gobierno federal para detener la terminación ilegal de TPS para más de 200,000 personas que viven en los Estados Unidos y para proteger a las decenas de miles de personas. Niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres se verían obligados a abandonar la política de la administración.